El país enfrenta un escenario de alta tensión social, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. En noviembre, se registraron 204 conflictos sociales (activos y latentes), la cifra más alta en el último año, según información recogida por el Diario Gestión.
De ese total, 99 casos (48.5%) corresponden a conflictos de tipo socioambiental, y la mayoría de ellos están directamente vinculados a la actividad minera (61 casos).
Durante la presentación de un análisis del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), José de Echave, investigador de CooperAcción, destacó que el avance de la minería ilegal se ha consolidado como una fuente principal de conflictividad.
“Los conflictos de poblaciones con la gran minería siguen estando presentes, pero hay otros ingredientes: el avance de la minería informal y abiertamente ilegal es una fuente de conflictividad social. Prácticamente no hay departamento en el país donde este conflicto no esté fuertemente presente”, precisó.
Alejandro Mirones, también de CooperAcción y responsable de la información del OCM, añadió que esta conflictividad ha crecido especialmente en la Amazonía, impulsada por la expansión de la minería ilegal y su vínculo con otras economías ilícitas.
Regiones más afectadas:
Las regiones de Loreto, Puno, Cusco, Lima Metropolitana, Ancash y Piura concentran más del 50% de los conflictos sociales a nivel nacional.
Este escenario refleja un aumento sostenido de la tensión en zonas con presencia de proyectos extractivos y actividades ilícitas, demandando mayor atención y políticas integrales por parte del Estado.
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