La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026, dejando en manos del Ejecutivo la promulgación de la norma. De concretarse, esta sería la quinta extensión de un mecanismo vigente desde 2016 y que ha servido como escudo para la minería informal e ilegal, según diversos especialistas.
De acuerdo con lo aprobado, el Reinfo se mantendrá vigente hasta fines de 2026 de manera excepcional, mientras se espera la entrada en vigor de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). El texto ratificado establece que la ampliación solo será efectiva si el Ejecutivo promulga la ley, lo que abre un nuevo debate sobre el rol del Gobierno en el proceso de formalización minera.
Durante la sesión, la medida obtuvo 13 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, reflejando un respaldo mayoritario en el Parlamento. Sin embargo, el dictamen ha generado críticas por parte de especialistas y organizaciones civiles, que advierten que el Reinfo ha sido utilizado para prolongar actividades ilegales, afectando la recaudación fiscal, el medio ambiente y la seguridad jurídica.
Según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), citado en el debate, más de 13,000 registros del Reinfo se ubican en áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas u otras áreas restringidas, lo que evidencia las debilidades del sistema actual de formalización.
Desde el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló que el Gobierno solo respaldará la ampliación si se excluye del registro a más de 50 mil inscritos que no cumplen con los requisitos establecidos, buscando evitar que el Reinfo continúe siendo utilizado como un mecanismo de impunidad.
Especialistas en derecho ambiental y minería han advertido que una nueva prórroga sin reformas estructurales podría perpetuar los problemas del sector. No obstante, desde algunos gremios se sostiene que la ampliación es necesaria para no dejar a miles de pequeños mineros sin un marco legal mientras se implementa la nueva normativa.
La decisión final ahora recae en el Ejecutivo, que deberá evaluar si promulga la norma o plantea observaciones, en un contexto marcado por la presión social, ambiental y económica en torno a la minería informal en el país.
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