Reincorporación de mineros excluidos del Reinfo pondría en riesgo la lucha contra la minería ilegal, advierte alto comisionado

El alto comisionado en la lucha contra la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, advirtió que cualquier intento por reincorporar a los más de 50 000 mineros excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) afectaría significativamente los esfuerzos del Estado para erradicar esta actividad ilícita.

Durante una entrevista en RPP, García Esquerre señaló que la gran mayoría de estos registros eliminados —alrededor de 45 000— correspondían a personas que no realizaban operaciones mineras desde hace más de cuatro años, y muchos podrían estar siendo utilizados por mineros ilegales.

“Pretender que no se sigan excluyendo a los Reinfos que no cumplen con los requisitos legales perjudica directamente la lucha contra la minería ilegal”, afirmó el funcionario, quien también se refirió a la prórroga del Reinfo en el Congreso, esperando que el plazo sea menor a los dos años aprobados en la Comisión de Energía y Minas.

Tres ejes de acción contra la minería ilegal

García Esquerre detalló que la Comisión Multisectorial actúa bajo tres pilares estratégicos y complementarios:

• Formalización: depuración de registros como el Reinfo para asegurar que solo mineros legales operen.
• Erradicación: operativos de interdicción, consolidación con presencia estatal permanente y normalización con puestos de control, siguiendo el “modelo Pataz”.
• Recuperación ambiental: el Ministerio del Ambiente implementará una nueva estrategia con enfoque en desarrollo sostenible, mejoras en conectividad, salud, vivienda y promoción de economías alternativas.

Hasta el 30 de noviembre, se han realizado 960 operativos, con un valor de materiales intervenidos que supera los 3 700 millones de soles.

Mayor presupuesto para el 2026

El alto comisionado destacó que el presupuesto asignado para combatir la minería ilegal en el 2026 ascenderá a aproximadamente 178 millones de soles, un aumento significativo respecto a los 70 millones del 2025. Estos recursos permitirán fortalecer las capacidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las intervenciones.

“El incremento refleja la voluntad del Ejecutivo de enfrentar este delito, que impacta severamente en la seguridad y el ambiente”, concluyó García Esquerre.